Patrimonio, archivo y memoria

Un análisis del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP

Heritage, archive, and memory: an analysis of the Final Peace Agreement between the Government of Colombia and the Farc-EP / Patrimônio, arquivo e memória: uma análise do Acordo Final de Paz entre o Governo da Colômbia e as Farc-EP

Jaime Alberto Bornacelly Castro

Estudiante del doctorado en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Brasil, doble titulación con el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Profesor de la Universidad de Antioquia, Colombia. 

Maria Letícia Mazzucchi Ferreira

leticiamazzucchi@gmail.com

Resumen

El artículo analiza las relaciones entre patrimonio, archivo y memoria a partir del proceso de patrimonialización del Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno de Colombia y las Farc-Ep. El principal punto de discusión es la relación entre el bien de interés cultural de carácter documental archivístico, la lógica documental-monumental y la memoria como una representación plural y abierta del pasado que activa actos performativos y militancias memoriales.

Palabras clave: patrimonio cultural; memoria colectiva; archivos; conflicto armado en Colombia.

ABSTRACT

The article analyzes the relationships among heritage, archive, and memory based on the process of heritage-making in the Peace Agreement carried out between the Government of Colombia and the Farc-EP. The main point of discussion is the relationship among the cultural property of archival character of documentary interest, the documentary-monumental logic, and memory as a plural and open representation of the past that activates performative acts and memory militancy.

Keywords: cultural heritage; collective memory; archives; Colombian armed conflict.

RESUMO

O artigo analisa as relações entre patrimônio, arquivo e memória a partir do processo de patrimonialização do Acordo de Paz realizado entre o Governo da Colômbia e as Farc-Ep. O principal ponto de discussão é a relação entre o bem de interesse cultural de caráter documental arquivístico, a lógica documental-monumental e a memória como uma representação plural e aberta do passado que ativa atos performativos e militâncias memoriais.

Palavras-chave: patrimônio cultural; memória coletiva; arquivos; conflito armado na Colômbia.

Introducción

El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (Farc-Ep) produjeron entre el 2013 y 2016 una serie de documentos producto de una negociación de paz entre dos enemigos enfrentados militar y políticamente por más de sesenta años. Este archivo surgido de un pacto político fue declarado bien de interés cultural de carácter documental archivístico del ámbito nacional – en adelante BIC-CD – y fue incluido en 2018 al Registro Regional del Programa Memoria del Mundo/Unesco, ya que “estos documentos son un aporte para la humanidad porque servirán de modelo de negociación en países que viven situaciones de transición similares frente a conflictos armados” (Archivo General de la Nación, 2018).

Este archivo patrimonializado expresa una serie de representaciones simbólicas e ideológicas de grupos y sujetos asociados al conflicto armado interno de Colombia. A su vez, el acervo convertido en patrimonio oculta e invisibiliza posturas disonantes del proceso de paz que fue realizado con una de las guerrillas más antiguas de Colombia y el mundo. La participación de víctimas, perpetradores, líderes políticos, mujeres, sociedad civil y comunidad internacional en la negociación del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera – en adelante AF – muestra significados divergentes y convergentes sobre el pasado, el presente y el futuro de Colombia en diversos aspectos como la economía, el uso y la tenencia de la tierra, la construcción de verdad, la reparación a las víctimas, la justicia transicional, el género, la participación política, entre otros.

En este sentido, el valor patrimonial del archivo del AF no sólo proviene de la declaratoria nacional por parte del Archivo General de la Nación y de una institución internacional como la Unesco, sino de su carácter relacional en tanto ensambla un conjunto de actores sociales y entidades locales y globales. A su vez, es un patrimonio incómodo pues genera en el contexto político presente discursos, conmemoraciones, emociones y memorias en disputa. Este carácter conflictivo y en pugna se debe según Le Goff a que el documento-monumento es producto y productor de ciertas relaciones de poder y es utilizado por éste para transmitir una memoria hacia el futuro desde el presente (Le Goff, 1996, p. 12).

En efecto, el AF ha producido un conjunto de interpretaciones, polémicas, movilizaciones sociales y, de manera paradójica, algunos de los puntos contemplados en estos documentos patrimonializados como son la reforma rural, los cultivos de uso ilícito, el fin de narcotráfico y el paramilitarismo, ha generado asesinatos sistemáticos de líderes sociales, excombatientes firmantes de paz y de miembros de la fuerza pública en siete años de implementación. Es decir, el AF opera como una narrativa histórica oficial, como han sido diversos pactos de paz desde el siglo XIX al presente; al mismo tiempo, opera como un patrimonio que activa miedos, derechos, recuerdos y emociones de quienes se oponen a una salida negociada con las insurgencias armadas.

El AF como patrimonio y memoria, agencia una economía de sentidos sobrepasando la dimensión documental archivística sobre la cual fue patrimonializado, hasta convertirse en una tecnología de memoria (Vera, 2015) ya que ha creado otras producciones documentales y acervos como la Biblioteca de la Paz, exposiciones, monumentos, contra-monumentos, lugares de memoria y conmemoraciones; igualmente opera de manera directa en contextos de continuidad de la violencia política, en regiones con desarrollos geográficos desiguales, y es un dispositivo transicional para la construcción de la paz total como una de las principales políticas del periodo de gobierno de Gustavo Petro Urrego (2022-2026).

Con estas coordenadas comprensivas, el objetivo del artículo es analizar las relaciones entre patrimonio, archivo y memoria a partir del proceso de patrimonialización del Acuerdo de Paz realizado entre el Gobierno de Colombia y las Farc-EP en el 2016. El principal punto de discusión son los flujos e interacciones que se producen entre un bien de interés cultural de Carácter Documental Archivístico incluido en el Programa Memoria del Mundo/Unesco, la lógica documental-monumental a la que Jacques Le Goff invita pensar y la memoria como una representación plural, abierta y subjetiva del pasado que activa actos performativos, militancias memoriales y emocionalidades negativas y positivas en un marcos sociales como el de Colombia que se resiste a dejar la guerra, aunque también construye paz territorial.

La metodología utilizada en esta investigación es de corte hermenéutico y fenomenológico, ya que utilizó instrumentos interpretativos de narrativas oficiales, bibliografía académica y documentos de archivo, combinado con trabajo de campo en donde se utilizó la observación, los recorridos, la entrevista y el registro fotográfico de lugares como: la Casa de la Paz y la Casa Cultural La Roja, en Bogotá, creadas por mujeres y hombres excombatientes de las Farc-EP firmantes del Acuerdo Final, así como la participación en la conmemoración del quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final llamado “La paz es productiva” en la ciudad de Medellín. El artículo está dividido en cuatro apartados: el primero ofrece un contexto político sobre la firma del AF; el segundo apartado aborda los conceptos de patrimonio, archivo y memoria. El tercer momento describe la dimensión archivística y patrimonial del Acuerdo Final de Paz resaltando sus elementos formales y jurídicos; y, por último, se analiza el Acuerdo Final de Paz a partir de las claves comprensivas de la patrimonialización, la noción de documento-monumento de Jacques Le Goff y la memoria como objeto y campo de conocimiento siempre abierto, subjetivo y plural.

Contexto político del Acuerdo Final de Paz

El Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-EP, nacida en 1964, han buscado llegar a acuerdo de paz en cuatro oportunidades. El primero de ellos, en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986); el segundo, en la presidencia de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994); el tercero intento fue en el periodo de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y, por último, en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018), donde se firmó el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El AF fue firmado el 26 de septiembre del 2016 por el presidente de la República de Colombia y Nobel de Paz Juan Manuel Santos Calderón y el jefe máximo de las Farc-EP, Rodrigo Londoño Echeverri, en un acto público en la emblemática Cartagena de Indias. Luego de ser sometido a consulta popular, debió ser nuevamente firmado por las partes el 24 de noviembre en el Teatro Colón en Bogotá, otro lugar importante de la cultura y monumento nacional. A la Plaza de Banderas del Centro de Convenciones de Cartagena asistieron más de 2.500 personalidades nacionales, regionales e internacionales, entre estos, el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon, y fue registrado en los principales portales y diarios del mundo, ya que se trata del conflicto armado más antiguo del mundo, con alrededor de nueve millones de víctimas y 450.664 personas asesinadas entre 1985 y 2018 (Colombia, 2022).

La primera versión del Acuerdo entre Gobierno y Farc-EP, sometido a un plebiscito el 2 de octubre del 2016, preguntó a los colombianos “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?” El resultado fue el siguiente: por el SÍ, votaron 6.377.482 (49.78%) y por el NO, 6.431.376 (50,21%). Teniendo como ganador el NO por una diferencia de sólo 53.890 votos, se configuró así una sociedad polarizada donde emociones como la reconciliación y el odio se ubicaron en los extremos del espectro político. Este resultado llevó a la creación de un nuevo acuerdo final donde el acuerdo original sufrió cambios y precisiones, sin que ello haya implicado un ajuste estructural, aunque sí significativo, en casi todos los puntos negociados. Este nuevo AF fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón en Bogotá por las dos delegaciones, los acompañantes y los testigos internacionales.

El Plebiscito por la Paz expresó afectos y emociones sobre el pasado-futuro en contravía. Los electores del SÍ valoraron positivamente los efectos del cese al fuego unilateral por parte de las Farc-EP que mostró un futuro inmediato sin muertes de combatientes y población civil, como también una disminución del discurso heroico que alimentaba la idea de una guerra sin fin. Del otro lado del espectro político, los votantes por el NO ponían sus lentes en el periodo de grandes éxitos militares de la fuerza pública contra las Farc-EP, especialmente en la política de la seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez (2002-2010), los fracasados procesos de paz anteriores con ésta guerrilla, las responsabilidades por la violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de las insurgencias y una sensación de desprecio, al imaginar un futuro político conviviendo con exguerrilleros en los escenarios cotidianos y del poder público. En este sentido, el Plebiscito por la Paz fue una tecnología jurídico-política de uso del pasado en la cual los defensores del NO querían volver al pasado de guerra sin cuartel contra las insurgencias. Del mismo modo, se trató de un uso del presente-futuro por parte de los votantes por el SI, en tanto se trataba de un periodo de paz que podría mantenerse en el porvenir. Banguero (2019) analiza esta relación entre pasado-futuro y política diciendo que en el gobierno de Juan Manuel Santos: “el péndulo había estado en la idea de paz negociada, de la paz sin vencidos y vencedores, las palabras asociadas a este propósito eran conflicto, negociación, concertación, posconflicto, justicia transicional, reconciliación y convivencia” (Banguero, 2019, p. 11).

El AF circuló por las redes sociales de forma acelerada y fragmentada. Hubo más exposición mediática que procesos pedagógicos y de apropiación de su contenido. Para dar un contexto sobre la forma en que circuló este documento en el espacio virtual, en Colombia, un 64% realizan lectura de materiales digitales en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp etc., en contraste, sólo el 28,2% leen artículos o documentos académicos en medios digitales (Departamento Nacional de Estadistica, 2017). Es decir, según los datos de lectura y consumo cultural, los altos flujos de información y la poca pedagogía del AF configuraron un escenario de desinformación y de exaltación de pasiones y emociones políticas.

En efecto, este documento fue entonces objeto de todo tipo de valoraciones por parte de grupos que se oponen a una salida negociada con las guerrillas, considerando este pacto como la expresión de la “ideología de género”, “el comunismo” y “el castrochavismo”, y un objeto que representa el mal moral y el enemigo interno. Así el AF fue visto como “un sistema de impunidad detestable”, “el reino de las Farc”, “el acuerdo de pazes, es hambre para Colombia”, “el acuerdo arruina definitivamente el país”, “desierto empobrecido en poder de delincuentes”, “no es acto de paz, sino una declaración de guerra” etc. Estas expresiones fueron las palabras claves y etiquetas que circularon en las redes sociales y transmitidas voz a voz bajo la interpretación “autorizada”, “canónica” y “literal” de líderes políticos.

Por su parte, en el marco de la defensa del AF se produjo una serie de materialidades y dispositivos de memoria y patrimoniales, en tanto posibilidad para construcción de paz y reconstrucción del tejido social (Guerra, 2019; Mouly; Giménez, 2017), como el contra-monumento “Fragmentos”, el monumento “Kusikawasay”, la exposición Paz ¡Creer para Ver!, la Biblioteca Abierta del Proceso de Paz, que se encuentra en la web, así como las conmemoraciones y acciones performativas realizadas por firmantes de la paz en el quinto aniversario del AF en el año 2021 en la plaza pública en Medellín y Bogotá. En esta conmemoración, los participantes utilizaron diversos repertorios de denuncia por el asesinato de excombatientes firmantes de la paz (Figura 1), el incumplimiento por parte del gobierno de los puntos acordados, actos artísticos y la instalación de una feria llamada La Paz es productiva, en donde se ofrecieron los objetos-productos como café, cervezas, miel, prendas de vestir, aceites, morrales etc. fabricados por mujeres y hombres firmantes de la paz (Figura 2).

Figura 1 – La foto muestra una denuncia que hacen excombatientes por el asesinato de firmantes del Acuerdo de Paz en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la firma. Fuente: Jaime Bornacelly, 2021

Figura 2 – La Paz es productiva. Tanto el café (izquierda) como la cerveza (derecha) son emprendimientos creados por mujeres y hombres firmantes del Acuerdo de Paz y fueron vendidos al público en el marco de la conmemoración del quinto aniversario de la firma y dejación de armas en ciudades como Medellín y Bogotá. Fuente: Jaime Bornacelly, 2021

El patrimonio y el archivo como proceso activo

El patrimonio es una construcción sociocultural y política (Hernández, 2007; Prats, 2005), de allí que sea conceptualizada por Prats como un sistema de representaciones simbólicas que construyen identidades individuales y colectivas, así como una forma de valorización y de fortalecimiento de la identidad cultural de grupos y sociedades. Desde este enfoque, los patrimonios representan posturas e ideologías producidas en tiempos y espacios concretos. Así, objetos, lugares y sujetos, y las manifestaciones vinculadas a ellos, son cambiantes. Siguiendo esta conceptualización, Harrison afirma que el patrimonio cultural no es un proceso pasivo de solo conservar las cosas del pasado que quedan, sino un proceso activo de ensamblaje de un conjunto de paisajes, materiales, materialidades, objetos, lugares y prácticas que elegimos para sostener como un espejo al presente, asociado a un conjunto particular de valores que deseamos llevar con nosotros para el futuro (Harrison, 2013, p. 4).

Este concepto sobre patrimonio cultural resalta varios aspectos analizados por Lähdesmäki, Zhu y Thomas. El primer elemento trata de un proceso activo y relacional, ya que entrelaza espacialidades, actores y materialidades, ensambla dimensiones tangibles e intangibles de la cultura y reúne a diversas entidades, seres, instituciones y actores en la escala local y global; el segundo aspecto es su carácter presentista, en la medida que es usado por actores y agentes en el tiempo presente, generando memorias, ideas, emociones y procesos identitarios que inciden en el futuro; lo tercero exige un proceso de valoración y una elección cultural, por tanto, se trata de invenciones fabricadas y gestionadas para conseguir efectos simbólicos, construir sentidos y producir significados (Lähdesmäki; Thomas; Zhu, 2019).

La puesta en valor patrimonial deja al margen otros referentes, objetos, artefactos y productos culturales que en el momento histórico de la activación pueden parecer “incomodos”. En este contexto se habla de patrimonios emergentes, patrimonios incomodos, patrimonios outsiders. Algunas características de dichos patrimonios-otros (Paiman; Araújo, 2018) pueden no tener aceptación social en un determinado contexto social, estar marginados e invisibilizados en periodos y geografías específicas, aunque pueden ser activados y reconocidos social e institucionalmente. Cuando se dan cambios sociales o políticos, “ello significa que un determinado patrimonio cultural puede pertenecer a la sombra patrimonial durante años y emerger luego a la luz de la activación y del reconocimiento oficial, quizás para sumergirse de nuevo en las sombras si cambia el contexto social o político”. Los patrimonios incómodos son, pues, fluidos, porosos y bordean los límites, de allí que “en cuanto proceso, siempre se mueve en la delicada frontera entre la sombra y luz, entre incomodidad y comodidad, entre olvido y memoria” (I Martí, 2010, p. 10).

Desde una perspectiva crítica de los patrimonios, Rufer analiza los patrimonios como una representación estatal del pasado, llena de solemnidad, verdades incuestionables, aparentemente narrativas sin fisuras ya que lo patrimonial, en su dimensión material, se convierte en evidencia y prueba de lo que verdaderamente pasó, dejando otros relatos fuera y que emergen como sombras o fantasmas. La memoria, desde el patrimonio, es una puesta en lo público, un pasado performatizado para las venideras generaciones y un dispositivo para activar pasados desde el Estado o hegemónicos (Rufer, 2022). En este sentido, hablar de patrimonio desde perspectivas críticas instala la pregunta ¿quién valora el pasado?, ¿cómo se transmite ese valor?, ¿cómo se habilita para hablar y se hace público un pasado?, ¿quién lo custodia y administra?

Para Rufer y Prats, desde coordenadas epistemológicas diferentes, el patrimonio y los procesos de patrimonialización están atravesados, primero, por la sacralización de la externalidad cultural y lo exhibible; segundo, como un dispositivo que ponen en diálogo, tensiona y jerarquiza distintos sistemas de representación, objetos e instituciones de la memoria como los museos, las bibliotecas, los archivos o los monumentos que, de una u otra forma, interpretando a Rufer, son herederas de regímenes de verdad, autoridad y solemnidad, miradas canónicas de la historia que la memoria, en sentido amplio, interroga, interpela, cuestiona y tensiona. Sí el discurso patrimonial está más vinculado a los usos del pasado desde el Estado, la memoria problematiza las narrativas oficiales.

En este sentido, el patrimonio archivístico que analizamos en este artículo surge en un proceso transicional donde las víctimas están en el centro de la justicia restaurativa que se implementa en Colombia, por ello el AF patrimonializado y preservado en el Archivo General de la Nación está íntimamente ligado a la defensa de los derechos humanos, al cumplimiento del derecho a la verdad, la justicia y el deber de memoria por parte del Estado. Así, éste archivo es una pieza fundamental en el desarrollo de procesos de justicia transicional por tratarse de documentos que contienen ideas, propuestas y emociones de grupos de víctimas y actores sociales involucrados con la guerra y las luchas por la paz. Debido a esta característica, los archivos y documentos relacionados con la violación a los derechos humanos en contextos de postconflicto, se recomienda por parte de la ONU, sean los archivos nacionales las entidades encargadas de su custodia, organización, descripción y acceso (Giraldo Lopera, 2017, p. 129).

Los archivos en contextos de guerra o regímenes autoritarios pueden ser comprendidos “cómo lugar y objeto simbólico de la memoria, fundamental dentro de los procesos de búsqueda de justicia, de lucha contra la incredulidad y la voluntad de olvidar” (Giraldo Lopera, 2017, p. 126). En efecto, Giraldo, en las coordenadas comprensivas sobre el archivo de Terry Cook, considera que el archivo hoy es un lugar donde la memoria colectiva ha sido y es constantemente construida. Por ello, el documento no es una plantilla vacía donde se registran los hechos y acontecimientos, sino una construcción cambiante y un conjunto de significados y sentidos culturales en constante actualización (p. 126-127). La memoria archivada, según Taylor, existe en forma de documentos, textos literarios, cartas, huesos, videos, películas, etc., y ésta supone, diferente a la memoria incorporada expresada en los repertorios y el performance, una permanencia en el tiempo y el emplazamiento en un espacio (Taylor, 2010). Sin embargo, los archivos no son pasivos ni neutrales, están en constante construcción y son producto de relaciones de poder y monumentalidad. “Nada de lo que las familias, los científicos, los hombres de Estado y las instituciones archivan es imparcial o neutro; todo trae la marca de las personas y acciones que los salvaron del olvido” (Catela, 2002, p. 402-403).

Para Le Goff, todo documento es monumento porque es producido y seleccionado en ciertas relaciones de poder de una sociedad determinada. Así, el documento-monumento es producto, como productor de relaciones sociales, resultado de un montaje consciente o inconsciente de una época, y sigue viviendo en otros momentos pese a los olvidos, manipulaciones y silencios. Así, es un esfuerzo de sociedades históricas para imponer en el futuro una cierta imagen de sí mismos y expresa un “inconsciente cultural” (Le Goff, 1996, p. 14-15).

Esta concepción crítica asume que no existe un documento-verdad, más bien, todo documento es verdadero y falso al mismo tiempo ya que se trata de un ropaje, una apariencia, un montaje que el crítico debe develar. Este objeto es pues testimonio o mensaje de un poder polivalente porque se trata de conexiones complejas de sentidos, acciones, actores y contextos sociales en unas condiciones de producción. En síntesis, el documento-monumento tiene unas características, a saber: vestigios de cultura material; es expresión y un instrumento de poder; verdadero y falso; testimonio o mensajero; un sistema de relaciones que crea colecciones, como también, son objetos emocionales. “Lo escrito, el texto, es más frecuentemente monumento que documento” (Zumthor apud Le Goff, 2006, p. 11); por ello para Hartog el patrimonio, alter ego de la memoria, se encuentra vinculado al territorio, las identidades que se reinventan e invita a la conmemoración (Hartog, 2007, p. 180-181).

Por su parte, en Halbwachs, la memoria se refiere a recuerdos construidos desde un presente, dentro de marcos sociales específicos. Hacemos memoria de aquello que, en el marco de una sociedad, es significativo y afectivamente merecedor de evocación. “Un individuo evoca sus recuerdos apoyándose en los marcos sociales de la memoria social. En otras palabras, los diversos grupos integrantes de la sociedad son capaces en cada momento de reconstruir su pasado” (Halbwachs, 2004, p. 335-336). En efecto, para Jelín, analizando contextos de experiencias límite, la memoria es la “manera en que los sujetos construyen un sentido del pasado, en su enlace, en el acto de rememorar/olvidar, con el presente y con un futuro deseado” (Jelín, 2018, p. 272). Este carácter subjetivo y en constante construcción convierte a las memorias en “objetos de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones de poder” (Jelín, 2002, p. 3).

En el caso del AF, el concepto de conflictos en torno a la memoria, de Joel Candau, se expresa en que dicho patrimonio documental representa y contiene una de las versiones del pasado del conflicto armado dejando otras narrativas por fuera, en especial, de grupos y actores que respondieron NO al plebiscito por la paz. Estas memorias en disputa y divergentes sobre acontecimientos del pasado desde un presente se caracterizan por la militancia memorial, los repertorios de los actores y las afirmaciones de identidad grupal en el espacio público, escenario privilegiado para los actos performáticos y de legitimación de la memoria, y es precisamente en este nivel de las modalidades de representación de la memoria donde se cruzan las relaciones entre lógicas institucionales y disruptivas, así como entre patrimonios, memorias archivadas y memorias incorporadas.

El Acuerdo Final como patrimonio archivístico

Sobre su dimensión archivística, la resolución n. 603, del 22 de agosto de 2018, expedida por el Archivo General de la Nación, el acervo patrimonializado está compuesto por un conjunto de documentos y objetos producidos en el proceso de negociación, tales como: el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (12 de noviembre de 2016) – 155 folios (una carpeta); acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (24 de noviembre de 2016) – 145 folios (una carpeta); actas de las mesas de conversaciones – 118 folios (una carpeta); propuestas de la ciudadanía y organizaciones para el Acuerdo Final de Paz (2016) compuesto por 42 paquetes marcados consecutivamente y dos paquetes sin número, contienen los formularios, los protocolos de manejo y sistematización de la información y formatos en blanco. En total, son seis metros lineales (6 m), “con el fin de que sea salvaguardado y se dé el uso adecuado de patrimonio documental de la nación” (Archivo General de la Nación, 2018).

Figura 3 – Acervo Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. Se trata del acervo patrimonializado que contiene las dos versiones del AF, así como una serie de documentos y fotografías que son preservados por el Archivo General de la Nación de Colombia.Fuente: Archivo General de la Nación. Jorge Palacios Preciado

Figura 4 – Biblioteca Abierta del Proceso de Paz. Contiene tanto el acervo patrimonializado, así como otro tipo de textos que pretenden contextualizar, explicar y comunicar los principales aspectos del AF. Fuente: https://bapp.com.co

El texto resultante de la negociación, sometido a consulta ciudadana y firmado por las dos partes, es un documento de 310 páginas, escrito en español, estructurado con un preámbulo, introducción, seis puntos acordados, protocolos, anexos, una ley de amnistía y firmas, estableciendo una diferencia con los clásicos tratados internacionales del siglo XVIII (Nathan, 2018). Está firmado a los 12 días del mes de noviembre de 2016 en la Habana, capital de la República de Cuba, resultado de la mesa de conversaciones instalada oficialmente el 18 de octubre de 2012 en la ciudad de Oslo, capital del Reino de Noruega, y continuada en la Habana hasta el 24 de agosto de 2016. Está firmada por Humberto de la Calle, jefe del Equipo Negociador; Sergio Jaramillo Caro, Alto Comisionado para la Paz; e Roy Barreras, negociador plenipotenciario; del lado de las Farc-EP, por Iván Márquez, jefe del Equipo Negociador; Pablo Catatumbo y Pastor Alape, como miembros representantes. Por los países garantes, Iván Mora, delegado del gobierno de Cuba y Dag Halvor Nylander, delegado del Reino de Noruega.

Se firman siete copias originales con anexos, que fueron distribuidas a los países garantes, Noruega y Cuba; los países acompañantes, Venezuela y Chile; para el Consejo Federal Suizo en Berna, como depositario de las Convenciones de Ginebra; y una copia para cada uno de los actores firmantes. En el caso de Colombia, el acervo del AF fue depositado en el Archivo General de la Nación – en adelante AGN –, posteriormente declarado bien de interés cultural de la Nación – BIC – y luego nominado por su director general, Armando Martínez Garnica, al Registro Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe en el año 2017 y aceptada por dicha instancia, en reunión sostenida el 22 y 23 de octubre de 2018 en Panamá (Mowlac/Unesco, 2018).

Las razones que se ofrece para esta nominación son las de autenticidad, significación regional, criterios comparativos, materia, tema y significación social. En efecto, los acervos son auténticos y originales, ya que son producto de las negociaciones realizadas entre el Gobierno y las Farc-EP; también hay participación de víctimas, miembros de la sociedad civil y las fuerzas armadas. Estos documentos contienen “firmas y rúbricas que testimonian la autoría y autenticidad de los mismos, y fueron producto de transferencia directa entre la oficina del Alto Comisionado para la Paz, adscrito a la Presidencia de la República y el Archivo General de la Nación” (Archivo General de la Nación, 2017, p. 5).

Sobre la significación regional, materia y tema del bien postulado, la exposición de motivos habla de la relevancia para el país de esta fuente primaria, en tanto muestra un proceso que pretende ponerle fin a cincuenta años de conflicto armado interno, es registro de uno de los “eventos políticos y sociales más importantes de la historia contemporánea de Colombia” y, por tanto, “son un aporte para la humanidad, porque servirá de modelo de negociación en países que viven las mismas situaciones de transición similares frente a conflictos armados”. También, se le otorga una valoración de “único e irremplazable para dar un importante paso para la reconstrucción del tejido social”, y sus valores primarios tienen aún vigencia, mientras sus secundarios “ya se pueden considerar como parte del patrimonio documental, cultural y de identidad nacional” (Archivo General de la Nación, 2017, p. 5).

Como patrimonio que representa un momento histórico, el documento Acuerdo Final fue firmado con un “balígrafo”, que es un estilógrafo elaborado en el año 2016 por la agencia McCann que recibió diversas condecoraciones en Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions. Este símbolo de la paz fue fabricado con casquillos de balas calibre punto 50 sin polvora usadas en el marco del conflicto armado en Colombia. Se fabricaron quinientos ejemplares y fueron entregados por el gobierno a activistas, artístas, escritores y al jefe máximo de las Farc-EP. El balígrafo tiene una frase en un costado que dice: “Las balas marcaron nuestro pasado. La educación, nuestro futuro”.

En términos jurídicos, el AF fue promovido por el Congreso de la República mediante el acto legislativo n. 2, del 11 de mayo de 2017, como artículo transitorio constitucional y política pública de Estado por su valor estratégico (Congreso de Colombia, 2017). Posteriormente fue declarado exequible por la Corte Constitucional el 11 de octubre de 2017 en la sentencia C-630/17, donde se ratifica su valor como política pública de Estado (Corte Constitucional, 2017). En el plano internacional, esta política pública es asumida por las partes como Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y, en concordancia con la opinión del International Committee of the Red Cross (CICR), se inserta dentro del orden jurídico internacional al constituir un desarrollo y aplicación del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En esta medida, el AF es un archivo de derechos humanos.

El bien patrimonializado, más allá del documento firmado por las partes y convertido en política de Estado, también contiene otros documentos y objetos que hacen parte integral del acervo y se encuentran incluidos en el recurso digital Biblioteca Abierta del Proceso de Paz (https://bapp.com.co), en donde la ciudadanía puede ingresar tanto al archivo histórico como a nuevas publicaciones que contribuyen a entender y contextualizar el AF. Esta estrategia pedagógica y etnocomunicativa contiene fotografías, videos, textos, infografías, audios, líneas de tiempo, así como al AF traducido a 44 lenguas indígenas de Colombia y al inglés. Dentro de estos acervos, se resalta la participación de organizaciones sociales, en especial, el movimiento de mujeres por la paz que logró tensionar, polemizar y problematizar, a partir de acciones performativas, la perspectiva de género en el escenario público y la construcción de paz.

El contenido del AF está dividido en seis puntos, a saber: 1) Desarrollo Agrario Integral – hacia un nuevo campo colombiano (reforma rural integral); 2) Participación Política – apertura democrática para construir la paz; 3) Fin del Conflicto; 4) Solución al Problema de las Drogas Ilícitas; 5) Víctimas Donde se Crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; y 6) Implementación, Verificación y Refrendación (Presidencia de la República; Farc-EP, 2016). El punto 3 consta de dos partes: a) acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas entre el gobierno nacional y las Farc-EP y b) acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales.

Sobresale en el AF, entre muchos otros puntos, el reconocimiento que hacen las partes sobre el sufrimiento humano como primer punto que debe ser reparado. “La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto” (Presidencia de la República; Farc-EP, 2016, p. 6). Un segundo elemento discursivo es la esperanza y expectativa de futuro que quiere proyectar el AF: “el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de nuestra historia” (Presidencia de la República; Farc-EP, 2016, p. 6). Y un tercer aspecto es la comprensión que el conflicto armado colombiano es causado y se ha reproducido debido a factores sociales, económicos, políticos y subjetivos que deben ser superados para construir una paz estable y duradera. En este sentido, el enfoque territorial, de género y diferencial, con el que fue concebido y pactado el AF entre las dos partes, es una clave comprensiva de la narrativa, que, en términos políticos e ideológicos, se trata de una serie de reformas sociales, económicas y culturales que deben ser implementadas por el Estado colombiano, por varias décadas.

En efecto, el concepto de paz territorial reconoce que el conflicto armado a afectado unas geografías más que otras, y, por tanto, es en estos municipios y departamentos, donde los esfuerzos institucionales se deben concentrar para desactivar las causas y factores de reproducción de la guerra, tales como: la tenencia de la tierra, la pobreza, la sustitución de cultivos de uso ilícito, las desigualdades en el acceso a la propiedad agraria y la garantía de los derechos humanos de habitantes de los espacios rurales y periféricos como el campesinado, los grupos indígenas y las comunidades afrodescendientes. “La implementación se hará desde las regiones y territorios y con la participación de las autoridades territoriales y los diferentes sectores de la sociedad” (Presidencia de la República; Farc-EP, 2016, p. 6). En este sentido, la paz territorial es transversal al punto sobre la reforma agraria integral, así como a la participación política de otras fuerzas excluidas del sistema político colombiano, donde se destaca el lugar de la mujer en la participación política, las comunidades indígenas, afrodescendientes, organizaciones de izquierda, víctimas etc. Estos últimas, las víctimas, fueron incluidas en el AF como sujetos políticos y les fueron asignadas 16 curules especiales en el Congreso de Colombia.

Entre el patrimonio, la memoria y el archivo

El Acuerdo Final de Paz en una perspectiva relacional se vincula a un sistema de objetos, repertorios, patrimonios y memorias. Como objeto u artefacto cultural es un acervo documental construido, seleccionado, preservado y difundido intencionalmente por diversas instituciones estatales y actores sociales; una de sus características es su potencial virtual, es decir, lo que puede llegar a ser, convertirse o agenciar, en términos de Lévy: “contrariamente a lo posible, estático y ya constituido, lo virtual es como el complejo problemático, el nudo de tendencias o fuerzas que acompaña a una situación, a un acontecimiento” (Lévy, 1996, p. 16). Es decir, el sentido del objeto no está sólo en su dimensión material, objetiva o literal; está sí en la potencia de lo que puede llegar a ser, en las subjetividades que agencia, en aquello que sugiere, oculta y en las trasformaciones que sufre y detona al interactuar con otras prácticas y materialidades como si se tratara de un constante flujo de la vida.

Por otra parte, el AF es una reificación de los procesos de configuración de los Estados-nación de larga duración, es decir, es un patrimonio nacional cosificado en objetos históricos que expresan contradicción y ambivalencia ante una realidad territorial en la cual pervive las violencias y se buscan más negociaciones de paz y convivencia. Esta textura documental escrita por manos ubicada en espectros ideológicos disímiles, producto de un pacto entre el Estado y las Farc-EP, hace parte de una narrativa histórica oficial propia de procesos de patrimonialización institucional, sin embargo, diversos actores, nacionales y globales, agregan nuevos sentidos y significados, así como rugosidades y fisuras, como si fuesen rasgaduras o reinscripciones al documento.

En efecto, el AF es un palimpsesto que permanece, pero también que se reescribe en el tiempo y espacio social cuando grupos y actores sociales rechazan o reivindican en el espacio público los acuerdos de paz de la Habana a partir de lo que Taylor llama performance, entendido como memorias incorporadas o comportamientos encarnados en donde se transmiten memorias, identidades y reivindicaciones políticas a partir de un sistema de aprendizajes, almacenamiento y transmisión de prácticas y conocimiento incorporados (Taylor, 2010). Esta memoria incorporada, aunque no pretende desplazar la memoria archivada, sí desafía la preponderancia de lo escrito en el mundo occidental. En este sentido, las conmemoraciones que excombatientes de las Farc-EP han realizado en diversas ciudades de Colombia los 26 de noviembre es muestra de las relaciones y vínculos entre la memoria archivada y el performance como una memoria incorporada.

Así, la patrimonialización del AF se produce en la ruptura de significados en la esfera del Estado y de las Farc-Ep, hacia otros sentidos y usos por parte de los ciudadanos y grupos políticos que se enfrentan en la esfera pública, en especial, debido a la participación de los sujetos-víctimas en la construcción de dicho pacto de paz, y que está inscrito en los documentos que hacen parte del expediente declarado bien de interés cultural, como también las críticas de la oposición igualmente registradas en dicho acervo. En efecto, la patrimonialización de materialidades que simbolizan la paz como el AF en un contexto de continuidad de violencias y polarización política, como el caso colombiano, activa conflictos en torno a la memoria (Candau, 2004) entendidas como versiones del pasado, desde el presente, que se enfrentan en el espacio público, sobre estas disputas por la memoria, afirma Candau. “En las sociedades modernas, la pertenencia de cada individuo a una pluralidad de grupos hace imposible la construcción de una memoria unificada y provoca una fragmentación de las memorias que beneficia enfrentamientos” (Candau, 2002, p. 13).

Este documento-monumento, en términos de Le Goff, materializa una historia pasada y presente, es síntoma y símbolo de una época y expresa un “inconsciente colectivo”. Registra el paso del tiempo incluyendo nuevos actores, lenguajes, apuestas sociales, culturales y económicas no registrados en negociaciones de paz anteriores, como son las víctimas, el enfoque de género y la perspectiva territorial, así como un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que creó, entre otras instituciones, la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz, la primera como una institución extrajudicial y, la segunda, es el tribunal encargado de investigar y juzgar a los victimarios. Sin embargo, el AF en la actualidad carece de una fuerza identitaria o memoria colectiva nacional que logre cohesionar alrededor de sus propósitos de una paz estable y duradera, corriendo el riesgo de pasar de una narrativa oficial a un patrimonio incómodo (Prats, 2005).

El Acuerdo Final concebido como documento-monumento relaciona temporalidades en un juego de rupturas y continuidades de la paz y la guerra en el espacio público digital o análogo, de allí proviene su carácter de patrimonio nacional inserto en una narrativa histórica oficial e institucional de los estados nacionales. Sin embargo, también se trata de un artefacto de memoria que expresa, como ninguno otro en el tiempo presente, los traumas colectivos (Fried Amilivia, 2016) y las narrativas de violencia extremas, reivindicaciones históricas que dialogan, se interconectan y se suman en un solo lugar, tales como: una frustrada reforma agraria que tiene como principal sujeto al campesino, indígena y negro que habita las zonas de colonización y de refugio; el asesinato sistemático de la izquierda democrática y la socialdemocracia encarnada en la Unión Patriótica y el Nuevo Liberalismo; la emergencia de la mujer en el escenario público de luchas por la verdad, la justicia y la no repetición; y el reconocimiento de los sobrevivientes y víctimas del conflicto armado como testimonios de un trauma colectivo que requiere ser tramitado.

En este intercambio simbólico entre memoria archivada y la patrimonialización como proceso activo, el AF declarado bien de interés cultural y registrado en el Programa Memoria del Mundo, en el contexto transicional de la guerra a la paz que experimenta Colombia, convierte este documento-monumento en un sistema de relaciones con otros patrimonios de paz y memorias incorporadas, de allí la importancia de analizarlo en sus trayectorias y resonancias, ya que hacen parte de los recursos y activos culturales utilizados por diversos grupos étnicos y de género en sus demandas por memoria, verdad y paz. En correspondencia, este trabajo asumió, para una comprensión de los patrimonios de la paz, un doble desplazamiento que supere el clásico enfrentamiento entre subjetivismo y materialismo o patrimonio material e inmaterial, y pensarlo como patrimonio-vivencia y patrimonio-objeto.

La declaración de los acuerdos de paz como patrimonio nacional y mundial no es suficiente para su preservación en la memoria colectiva, aunque es importante en los procesos patrimoniales y memoriales de paz debido a su escasez y precariedad. Se espera de las políticas patrimoniales y de memoria junto con las instituciones de la memoria, los archivos y museos, implementen nuevas estrategias para su gestión integral que comprende desde su identificación, investigación, exposición, hasta su apropiación en la cotidianidad de los barrios, las comunidades y las escuelas.

La fuerza del Acuerdo Final en un proceso transicional sin ruptura definitiva de la guerra se encuentra en que, a pesar de sus incumplimientos, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición y, en especial, los movimientos sociales nacionales e internacionales en resistencia a una violencia estructural, lo han incorporado a sus repertorios de acción colectiva y a las actuaciones legales que le son propias. En este sentido, el llamado que hace Jacques Le Goff sobre el documento como monumento es vital, en tanto es producto de relaciones de poder, ensambla un conjunto de visiones de paz y guerra de la sociedad colombiana y activa memorias y emocionalidades que oscilan entre la ira, el odio y la venganza, así como la compasión, esperanza y reconciliación en tiempos que Colombia se resiste a dejar la guerra, aunque también busca construir paz territorial.

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Recibido 31/3/2023

Aprobado 21/6/2023

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